Se enfocan en la burocracia los incrementos al presupuesto de la Secretaría de Cultura estatal, y no en infraestructura, teatros o promoción cultural
En nota reciente, firmada por el periodista Mauro Marines, el periódico Vanguardia, de Saltillo, expone información dada por el Patronato de Arte y Cultura, A.C. En la misma se dice que tal «iniciativa busca apoyar a las artes del estado… La recién creada asociación ha destacado en días recientes por su interés en apoyar en la renovación del Teatro de la Ciudad Fernando Soler.» La nota refiere que «un grupo de personas “interesadas por la cultura” (así entrecomilla el reportero) busca apoyar al arte en Coahuila ante las dificultades que el sector enfrenta, sobre todo en materia presupuestal.»
Carencia presupuestal se alega en esta y otras situaciones relacionadas con bienes y servicios públicos en Coahuila. Lo curioso es que el presupuesto del 2025 para la Secretaría de Cultura del estado tuvo un incremento de más de 15 millones de pesos para la nómina de personal. De hecho, esa ha sido la constante desde hace por lo menos 14 años: más incrementos para la ya de por sí abultada burocracia cultural, más dinero para los funcionarios, pero no para la infraestructura, ni para mantenimiento de teatros y otros espacios, ni para la promoción cultural, ni para la creación artística.
Así las cosas, impotentes «ante las dificultades que el sector enfrenta», las autoridades deciden apoyarse en «personas interesadas» para hacer frente a las carencias. La decisión está tomada por el Gobierno, unilateralmente. No se consultó al Congreso, tampico al Consejo Ciudadano de Cultura de Coahuila, cuya opinión debería haberse considerado, conforme a lo que se mandata en el artículo 135 de la Ley de Desarrollo Cultural del Estado de Coahuila y en el artículo 48 del Reglamento respectivo, en los que claramente se establece que el Consejo «es el órgano de carácter ciudadano que con voz y voto coadyuva con el Ejecutivo del Estado en la rectoría de la política pública en materia cultural, el cual funge como un espacio de vinculación, deliberación, colaboración y corresponsabilidad entre la autoridad y la sociedad, en especial con la comunidad artística. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, ejercitará las funciones que le corresponda conforme a la ley tomando en cuenta las decisiones del Consejo de Cultura en el ámbito de su competencia.
Cuestionable, aceptable o no, sin decir agua va, haiga sido como haiga sido, la idea ya está en práctica. ¿Y qué va resultar de ella? Habrá que ver.
¿Es bueno que la filantropía y el mecenazgo cultural aporten recursos económicos y contribuyan desinteresadamente al impulso de las artes? Sí, por supuesto, sobre todo si las aportaciones y donativos no se le cobran luego al fisco vía deducción de impuestos, o si no se hacen al estilo Salinas Pliego.
Buena será la desinteresada aportación privada. Lo malo sería que la IP «colabore» en la promoción de la cultura y el arte utilizando los bienes públicos y pidiendo coperacha (colecta se oye más nice) para practicar su altruismo o, en vox populi, para saludar con sombrero ajeno. Para esas gracias, un comité integrado por los propios artistas y promotores culturales podría desarrollar un proyecto exitoso que garantice el respeto al derecho ciudadano a la cultura y elimine las restricciones impuestas a los artistas locales en el uso de espacios públicos. Ya se ha hecho y se sigue haciendo, particularmente en Saltillo y Torreón, donde hay actualmente proyectos liderados por artistas independientes con probada capacidad de gestión.
Buena será la idea de apoyarse en «personas interesadas por la cultura», si generosos patronos, empresas y personas aportan millones de pesos para restaurar y rehabilitar teatros, galerías, bibliotecas, y otros espacios públicos. Malo será si la filantropía cultural se hace con dinero público. A propósito, me gustaría saber, en aras de conceder el beneficio de la duda, cuánto aportarán, como capital inicial, los integrantes del Patronato. No vaya siendo que la inversión del erario sea cuantiosa, como sucede con otros proyectos que ya cuentan con patronatos: en Saltillo, la Filarmónica de Coahuila, cuya mayor inversión (alrededor de 20 millones o más) la hace el estado; en Torreón, la Camerata de Coahuila, que recibe una importante asignación estatal; el Teatro Nazas, el Teatro Isauro Martínez, el Museo Arocena, que también han recibido montos considerables en años anteriores. Un informe claro y transparente de la Secretaria de Cultura, revelaría vigencia y cantidades precisas de esos subsidios.
Bueno será si un patronato logra restituir a los teatros públicos del estado su vocación social y artística. Malo será que se agudicen los ya de por sí infranqueables obstáculos para que los teatristas locales los usen.
Malo será si el Gobierno se deslinda de su obligación y su responsabilidad constitucional: asegurar la conservación de la infraestructura cultural y asignar un presupuesto para impulsar el desarrollo equilibrado de las artes.
Malo será si se continúa, como parece, con el plan de desmantelamiento de la infraestructura cultural del Coahuila, iniciado por Rubén Moreira y continuado por Miguel Riquelme. Recordemos: «para darle mayor importancia», Rubén elevó a rango de Secretaría la instancia estatal encargada de promover la cultura, pero le quitó, entre otros, el emblemático edificio, ubicado en el centro histórico de Saltillo, que Oscar Flores Tapia habilitó en los 70s, y que durante décadas albergó al Instituto Estatal de Bellas Artes (IEBA) y al Centro de Artes Visuales e investigaciones Estéticas (CAVIE), inmueble que en el sexenio de Rogelio Montemayor también sería sede del ICOCULT y que en el período de Enrique Martínez fue objeto de una importante restauración. El edificio se le cedió, qué paradoja, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, en uno de los sexenios donde más violación de derechos humanos ha habido. Para que no quedara duda de su política contra la cultura, que no contracultural, Rubén también le quitó a la Secretaría de Cultura los Teatros de Monclova y Piedras Negras que su hermano Humberto ordenó construir, y se los entregó a la UAdeC y al Municipio, respectivamente. Esos inmuebles, elefantes blancos, están en deplorables condiciones; igual el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, de Saltillo recinto que, según expresó la Secretaria de Cultura en pasada reunión con teatristas y con el Secretario de Gobierno, sería «encargado a un Consejo formado por miembros de la iniciativa privada.» Ahora sabemos que se trata del aludido Patronato de Arte y Cultura, A.C.
Más temprano que tarde sabremos si el citado Patronato contribuye a favorecer o a seguir obstaculizando el acceso a los bienes culturales públicos, como el Teatro de la Cd. Fernando Soler, de Saltillo. Veremos y diremos. (Texto publicado en https://redespoder.com)
