La necesidad de acercar una sociedad a la cultura y construir una ciudadanía culturalmente activa
«La cultura no es un adorno del desarrollo; es el espacio donde una sociedad aprende a reconocerse, a dialogar consigo misma y a imaginar el futuro.»
Durante décadas, la discusión sobre la política cultural en México ha girado alrededor de preguntas recurrentes: cuánto presupuesto se destina al sector, cuántos festivales se organizan, cuántos recintos se construyen, cuántas convocatorias se publican o cuántas personas asisten a una determinada actividad artística. Son interrogantes legítimas, pero todas parten de una misma premisa: que la cultura
puede medirse principalmente por aquello que las instituciones producen o administran. Quizá ha llegado el momento de invertir la pregunta.
En lugar de preguntarnos qué hace el Estado por la cultura, convendría preguntarnos qué necesita una sociedad para conservar la capacidad de crear cultura, transmitirla entre generaciones y renovarla de manera permanente. El cambio parece sutil, pero modifica por completo la perspectiva. Desplaza el centro del debate desde la administración institucional hacia las capacidades culturales de la sociedad.
Esa distinción resulta decisiva porque la cultura no constituye únicamente un conjunto de actividades, espectáculos o bienes patrimoniales. Como sostuvo Raymond Williams, es una forma de vida: el entramado de significados, prácticas, memorias y valores mediante el cual una comunidad interpreta su experiencia histórica y organiza su convivencia. Vista así, la cultura deja de ser un sector
administrativo para convertirse en una dimensión constitutiva del desarrollo humano.
Esta comprensión encuentra un eco profundo en América Latina. Paulo Freire recordaba que toda práctica educativa implica también una práctica cultural, porque enseñar no consiste en transferir contenidos, sino en crear las condiciones para que las personas lean críticamente el mundo y participen en su transformación. El dramaturgo y director Augusto Boal, desde el teatro, llevó esa intuición al terreno de la creación artística: el espectador podía dejar de ser un observador pasivo para convertirse en protagonista de la vida colectiva. Ambos coincidían en un punto esencial: la cultura no se limita al consumo de expresiones simbólicas; es una experiencia de participación.
Sin embargo, buena parte de las políticas culturales contemporáneas continúa evaluando su éxito mediante indicadores de gestión: número de eventos, asistencia registrada, recursos ejercidos o convocatorias emitidas. Si bien es información indispensable para conocer el funcionamiento de las instituciones, no resulta suficiente para responder una pregunta más importante: ¿qué capacidades culturales permanecen en la sociedad cuando concluye cada programa? Y aquí comienza una especie de confusión que ha acompañado durante años a la política cultural mexicana: identificar el acceso cultural con la formación cultural.
Garantizar el acceso a la cultura significa acercar a la población a bienes, servicios y experiencias culturales. Es un derecho reconocido por la Constitución, por la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005) y por diversos instrumentos internacionales. Sin acceso no existe democracia cultural. Pero el acceso, por sí mismo, no es sinónimo de apropiación. El acceso constituye la condición de posibilidad de la democracia cultural; la apropiación resulta en la condición de posibilidad de una ciudadanía culturalmente activa.
En tal caso, la formación cultural pertenece a otra dimensión. Consiste en desarrollar, mediante procesos continuos, las capacidades para comprender, disfrutar, interpretar, recrear y producir cultura.
No tiene como finalidad convertir a todas las personas en artistas profesionales. Su propósito es formar una ciudadanía capaz de participar activamente en la vida cultural de su comunidad.
Esta diferencia ha sido ampliamente desarrollada por Ana Rosas Mantecón, quien ha mostrado que la participación cultural no depende únicamente de la existencia de una oferta artística, sino de las condiciones sociales, educativas y simbólicas que permiten a las personas apropiarse de ella. La formación de públicos no puede reducirse a incrementar asistentes; implica construir vínculos duraderos entre las comunidades y las prácticas culturales. Sin mediación, continuidad y experiencia compartida, la oferta cultural difícilmente se convierte en un proceso de transformación social.
La investigadora y gestora cultural, Lucina Jiménez, ha insistido, desde otra perspectiva, en que la educación artística constituye un derecho cultural y una herramienta para fortalecer la convivencia democrática. Cuando la escuela pierde contacto con las experiencias artísticas, no solo disminuyen las oportunidades de acceso a la cultura; también se debilitan la sensibilidad, la imaginación y la capacidad de construir significados comunes.
Durante buena parte del siglo XX, la educación pública mexicana incorporó —con distintas intensidades y resultados— visitas a museos, zonas arqueológicas, bibliotecas, teatros y conciertos como parte de la formación escolar. Aquellas experiencias no eran simples actividades complementarias: respondían a la convicción de que el encuentro con el patrimonio y con las artes contribuía a formar ciudadanía. Hoy, por razones que van desde la insuficiencia presupuestal y los cambios administrativos hasta las condiciones de seguridad y las nuevas responsabilidades institucionales, esos procesos se han vuelto cada vez más esporádicos.
La consecuencia trasciende el ámbito educativo. Cuando una sociedad reduce las oportunidades de encuentro sistemático con la cultura, comienza a debilitar los mecanismos mediante los cuales transmite memoria, construye identidad y renueva sus imaginarios colectivos.
Guillermo Bonfil Batalla advertía que una cultura permanece viva mientras las comunidades conservan la capacidad de producir y recrear sus propios referentes simbólicos. Esa afirmación adquiere una fuerza particular en el contexto contemporáneo. Una nación no pierde únicamente patrimonio cuando se interrumpe la transmisión cultural; pierde la posibilidad de reconocerse desde su propia experiencia
histórica y de dialogar con el mundo desde una voz propia.
Cuando la infraestructura cultural se vuelve invisible Existe una paradoja que atraviesa buena parte de las políticas culturales contemporáneas. Mientras el discurso público reconoce cada vez con mayor frecuencia que la cultura constituye un derecho
humano y un factor estratégico para el desarrollo sostenible, las condiciones materiales que hacen posible su producción, transmisión y renovación permanecen, en gran medida, fuera del centro de las decisiones públicas.
La UNESCO ha insistido en que las industrias culturales y creativas generan empleo, fortalecen la cohesión social y representan un componente estratégico de las economías contemporáneas. En su informe Re|Pensar las políticas para la creatividad (2022), advierte que el principal desafío ya no consiste únicamente en ampliar la oferta cultural, sino en garantizar ecosistemas capaces de sostener
el trabajo creativo, proteger la diversidad cultural y favorecer la participación activa de las comunidades. La cultura deja de entenderse como un gasto para asumirse como una inversión en capacidades humanas.
México no parte de una posición marginal en ese escenario. De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México elaborada por el INEGI, el sector cultural aporta de manera constante alrededor del 2.7 % del Producto Interno Bruto nacional, una contribución comparable o incluso superior a la de ramas económicas que rara vez son cuestionadas en cuanto a su relevancia estratégica. Detrás de esa
cifra se encuentran cientos de miles de personas dedicadas a la creación artística, la educación, la investigación, la gestión cultural, la producción editorial, el patrimonio, los medios audiovisuales y múltiples actividades vinculadas con la vida cultural del país.
Sin embargo, la magnitud económica del sector contrasta con la fragilidad de buena parte de sus condiciones de desarrollo. La riqueza cultural que producen miles de creadoras, creadores, docentes, promotores, investigadores y colectivos rara vez encuentra mecanismos estables que permitan dar continuidad a sus trayectorias. La incertidumbre deja de ser un episodio excepcional para convertirse, con frecuencia, en una condición permanente de trabajo.
Pero esto no se trata únicamente de un problema laboral. Tampoco puede reducirse a una discusión presupuestal. Lo que comienza a deteriorarse es la capacidad cultural instalada de una sociedad; es decir, el conjunto de personas, saberes, instituciones, comunidades y experiencias acumuladas que hacen posible la transmisión y la renovación de la cultura.
Propongo entender esta capacidad cultural instalada como el conjunto de capacidades humanas, pedagógicas, institucionales, comunitarias y territoriales que permiten a una sociedad producir, transmitir, preservar y renovar su vida cultural de manera continua. Si el patrimonio constituye la memoria material e inmaterial de una nación, la capacidad cultural instalada constituye la condición
simbólica para que ese patrimonio permanezca vivo.
La primera señal de una crisis cultural no suele ser el cierre de un teatro ni la cancelación de un programa. Es mucho menos visible. Comienza cuando se debilitan los procesos mediante los cuales una sociedad forma públicos, transmite saberes, acompaña a sus creadoras y creadores y renueva sus lenguajes artísticos. Los edificios permanecen; los procesos comienzan a desaparecer. Y cuando ello ocurre, la infraestructura cultural ya se ha vuelto invisible. Precisamente ahí comienza el verdadero problema del desarrollo cultural.
Referencias
- Bonfil Batalla, Guillermo. México profundo. Una civilización negada. México: Grijalbo, 1987.
- Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI Editores, 1970.
- Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI Editores, 1969.
- García Canclini, Néstor. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. México:
Grijalbo, 1990. - Jiménez, Lucina, Aguirre Arriaga, I. y Gouvea Pimentel, L. Educación artística, cultura y ciudadanía.
Madrid. Fundación Santillana . - Rosas Mantecón, A. Pensar los públicos (1a. Edición). Universidad Autónoma Metropolitana, 2023.
- UNESCO. Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
París, 2005. - UNESCO. Re|Pensar las políticas para la creatividad. Plantear la cultura como un bien público global.
París, 2022. - Williams, Raymond. Culture and Society, 1780–1950 (trad. Cultura y sociedad).
Fuentes estadísticas - INEGI. Cuenta Satélite de la Cultura de México. Edición vigente.
- INEGI. Módulo sobre Eventos Culturales Seleccionados (MODECULT). Edición vigente.
