Teatro, sociedad civil e hipoacusia crónica

Edén Coronado forma parte de una de las compañías de teatro más longevas de nuestro país,
El Rinoceronte Enamorado, con una trayectoria de casi tres décadas y también una de las
que han luchado, hasta conseguirlo, por un espacio propio para la creación escénica. En este artículo comparte algunas reflexiones sobre la necesidad de la participación y escucha de los propios creadores para la formulación de las nuevas políticas públicas para el teatro.

En El Rino tenemos tres idearios que nos ayudan a no perder el rumbo, uno: que el espectador es el último poeta de la escena, y por tanto todos nuestros esfuerzos están destinados a ese sujeto que en la penumbra nos significa; dos: que, bajo la proposición marxista de “apropiarnos de los medios de producción para emancipar nuestro quehacer”, nos permitimos que los sueños se conviertan en una realidad, y tres: que “los teatros son de quienes los trabajan”, como consta en la historia que dijo Zapata.

Una anécdota: a finales del 2009, cuando nos enfilábamos al cierre de la primera etapa de la construcción de nuestra propia sala teatral, nos dimos cuenta de que al presupuesto económico conseguido mayoritariamente a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados (PAICE), le harían falta cerca de $400 000.00 para concluir la fase que comprendía la edificación de una caja escénica austera, es decir: sin piso de madera, ni mecánica teatral o equipamiento lumínico, pero que en su obra civil garantizaba una operación real, así como posteriormente avanzar en su equipamiento (como sucedió años después) para lograr esa casa compartida que hoy es el Teatro El Rinoceronte Enamorado.

Con tremenda urgencia, buscando solventar ese monto faltante, nos apersonamos en la oficina del Secretario de Cultura en turno, con quien un año atrás habíamos concretado el trámite de la obtención del predio que previamente gestionamos con el Gobernador del Estado para levantar los muros de un teatro diseñado, gestionado y operado por hacedores de las artes escénicas. Roberto Vázquez, el secretario en cuestión, con aquel gesto que le distinguía en su profesionalismo (y que uno agradecía en el fondo), nos dijo clara y contundentemente: “No”. No esgrimió un “Lo vemos”, o un “Haré todo lo posible”, o cualquier otro eufemismo tan propio de los funcionarios públicos que saben que no te apoyarán desde el momento en que sonrientes te dicen que sí…

Antes de salir de aquella oficina pública y en un último intento de convencerle le dijimos: “La ventaja de ayudarnos a concluir esta etapa es que puedes tener la certeza de que después de esta administración, y muchas más, el proyecto artístico de nuestro teatro seguirá en pie, a diferencia del resto de la infraestructura pública que se ha hecho en el estado”. No lo convencimos, salimos de ahí más preocupados que como habíamos entrado; sin embargo, unos meses más tarde estábamos firmando un convenio con el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide), para obtener un préstamo empresarial, con una tasa de interés del 7 %. Endeudarnos de manera personal por los siguientes cinco años fue lo que nos permitió que, el 9 de diciembre del 2009, inauguráramos formalmente la que hasta el momento es nuestra sede artística.

Tal vez aquella sinceridad crítica con el funcionario de cultura fue un error táctico de nuestra parte; pero lo cierto es que tres lustros después, el Rino está en pie, mientras que, de la vasta infraestructura cultural realizada en ese sexenio, hay museos desmantelados y abandonados, proyectos inconclusos o que, como el del Centro de las Artes de San Luis Potosí (la joya de la corona de aquella “política de la piedra”), se debaten por no fenecer y sus mermadas instalaciones no pasen a ser unas oficinas más del grueso aparato burocrático gubernamental.

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Decía Ballesté, nuestro Faro de Alejandría: “Los que seguimos aquí somos nosotros, los artistas, no los funcionarios; porque nuestro proyecto no se agota en seis años”. Pero lo cierto es que cada vez cuesta más seguir adelante y sostener el tamaño de nuestros emprendimientos. Para nuestra sorpresa, la política cultural de la 4T, esa por la que luchamos, que abrazamos y que tanto anhelábamos, no sólo redujo como nunca su presupuesto cultural a nivel federal al punto de la inanición, privilegiando el centralismo, no sólo geográfico sino del ejercicio del poder. La idea de que pudiéramos tener voz y ser partícipes desde nuestra labor en la construcción de un nuevo país se vino abajo muy pronto y la puntilla fue la declaración en Palacio Nacional, cuando Andrés Manuel dijo “no conocer a una sola organización de la sociedad civil de izquierda”. El expresidente no recordó que la figura que le permitió construir la plataforma política que lo llevó al poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, fue una asociación civil antes que un partido político.

Reconocer al sector cultural, nuevamente relegado de las improntas de la política, permite reflexionar, una vez más, sobre el meollo del asunto que es la responsabilidad del Estado mexicano en el desarrollo y fortalecimiento del arte y la cultura como un principio garante de derechos culturales, es decir, de la construcción de ciudadanía. Ni más, ni menos.

Apenas a finales del siglo pasado y comienzos de éste, la ampliación de modelos, programas y acciones de financiamiento público estatal a la cultura arrojó mecanismos que sin duda significaron un estado de cosas encaminado al mejoramiento de las artes escénicas, como el Programa Nacional de Teatro Escolar; la aparición de estímulos colectivos a la producción, diferenciados de los individuales (Fomento y Coinversiones Culturales); el Programa Teatros para la Comunidad Teatral (que recuperaba la infraestructura teatral más grande de nuestro país: los teatros del IMSS); así como un robustecimiento del marco legal y ampliación del Fonca, debido precisamente a la incidencia de los creadores artísticos en las políticas públicas, perfeccionando reglas de operación, ampliando sus convocatorias públicas a nivel nacional, y procurando que los procesos de selección y revisión se realicen por pares, con lo que se prefiguraba como la institución más importante en cuanto a fomento cultural, esto sin dejar de señalar su insuficiencia en cuanto a cobertura y descentralización, pero que, con todo, no se puede negar que dicha incidencia de la sociedad civil la alejó positivamente de buena parte de sus vicios de origen, como el sesgo de cooptación salinista y la discrecionalidad.

Pese a esos acotados avances, el nuevo régimen se ha distinguido por la postura prejuiciada, la mayor de las veces desinformada, cuando no francamente falsa, de las pocas voces que López Obrador dejaba acercarse a sus oídos; esto provocó el desmantelamiento o el achicamiento de las instancias culturales, privilegiando, en la designación del presupuesto económico a lo largo de todo el sexenio, al proyecto centralista del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec que, junto a una pandemia global han mermado a un sector de por sí precarizado. Las promesas y esperanzas de un cambio sustancial en materia cultural, ligado a un proceso de cambio que sí se inició en los ámbitos político, social y económico, se vinieron abajo con una administración cultural maniatada, como nunca, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin ninguna posibilidad de procurar a sus comunidades mediante la gestión, ya no digamos de mayores recursos, sino simplemente con la defensa de sus organismos, como fueron el Fonca, Fidecine o Foprocine, que perecieron con la eliminación de los fideicomisos y que hoy día sus nuevas estructuras operativas y administrativas no son en definitiva lo que se nos prometió. Como botón de muestra, está el impronunciable SACPC (Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales), que sustituye al Fonca y ha mermado su ordenamiento legal, su autonomía administrativa y presupuestaria transanual (y transexenal), presentando una reducción de sus programas en cuanto a montos y vigencias de los estímulos; asimismo, el presupuesto del PAICE (aquel reducto que nos posibilitaba a las organizaciones de la sociedad civil gestionar proyectos de infraestructura cultural a largo plazo) se ha desplomado de 600 millones en 2017 a menos de 25 millones en su última emisión. En pocas palabras: teatros como El Rinoceronte Enamorado en San Luis Potosí, La Titería en Ciudad de México, Casa Reforma en Jalisco, Lázaro Cárdenas del Cedram, en Michoacán, o Nuevo Apolo en Sinaloa, por mencionar algunos, simplemente no podrían ser construidos en la actualidad.

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Cuando nos definimos con el término de “autónomos”, luego de incontables discusiones que criticaban nuestra condición de independencia, lo hicimos con la convicción de que el término implica “el gobierno de sí mismos”; sin embargo, sabemos bien que, en prácticamente todo el mundo, las artes escénicas, particularmente el teatro y la danza con intenciones artísticas, son imposibles de autosostenerse y lo mismo sucede con los espacios autónomos que las acogen. Aquí es donde resulta fundamental aclarar la nomenclatura, porque la autogestión no significa autosustentabilidad. Ahí reside la necesidad de la participación estatal, si no queremos supeditar lo público a lo privado. Dicho de otra forma: se subvenciona al espectador con la participación estatal o lo hacemos los creadores con nuestra propia precarización.

En este sentido, también sabemos que los recursos del Estado nunca serán suficientes para solventar toda la producción nacional en su conjunto, por lo que el tema es: ¿cómo configurar una verdadera política pública libre de demagogias y que garantice los derechos culturales de una sociedad carente de tantas cosas? Ésa es la discusión que nos hubiera gustado sostener, al amparo del cambio político del cual nos consideramos parte. Ésa es la cuestión de fondo: ¿qué potencia el financiamiento público en los haceres que ya suceden y qué implicaciones tiene dejar a su suerte a este caudal de emprendimientos a lo largo y ancho del país? ¿Qué perdemos como sociedad ante el cierre de los teatros, qué perdemos con la desaparición o el encogimiento de las agrupaciones de artes escénicas, emanadas de la sociedad civil?

Pensando en una sociedad construida con base en derechos y no en dádivas, lo concerniente al disfrute, a la imaginación y, en suma, a la construcción de un sujeto social determinado por el pensamiento crítico, es que la cultura y el arte son consustanciales a un ideal de nación que está más allá de la burocracia y la rapiña pedestre de la politiquería.

Aunque hoy las organizaciones de la sociedad civil estén estigmatizadas a raja tabla, es innegable que las actividades llevadas a cabo por ciudadanos organizados rebasan los ámbitos y posibilidades de la acción gubernamental; sus acciones suelen contribuir a mejorar las condiciones de vida de la sociedad y a menudo significan un límite a la posible arbitrariedad de los poderes públicos. Desde la perspectiva cultural, nos esforzamos cotidianamente para lograr un mejor rendimiento de todos los recursos con que contamos (materiales, económicos y humanos), a partir del rigor y la imaginación. Somos los primeros y más exhaustivos sujetos de revisión y rendición de cuentas, garantizando la transparencia de nuestras labores. En resumen, podríamos decir que los espacios culturales autónomos, a diferencia de la enorme mayoría de las instancias públicas de cultura, somos más eficientes, austeros, democráticos, compartidos y trascendentes.

Por todo ello, lo que cabría decirle a la actual administración pública —ojalá que cure su sordera—, es no más sin nuestra voz y nuestra participación.

Edén Coronado. Miembro de la compañía teatral El Rinoceronte Enamorado (San Luis Potosí).