¿El Estado está avanzando realmente en la garantía progresiva de los derechos culturales?
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, entregado por la Secretaría de Hacienda, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el gobierno debe responder: ¿qué lugar ocupa realmente la cultura entre las prioridades del Estado mexicano?
El gasto neto total propuesto crece 4.3% en términos reales, pero no de la misma manera para todos. Marina tendría un aumento real de 19.4%; Agricultura y Desarrollo Rural, de 13.4%; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de 9.5%; Educación Pública, de 6.6%, y Relaciones Exteriores, de 6.1%.
¿Y Cultura?
El Ramo 48 tendría un presupuesto de 15,858.7 millones de pesos, un incremento real de alrededor de 1.9%.
Es, en los hechos, un presupuesto que apenas amplía el margen de acción de las políticas culturales.
Pero este presupuesto debe analizarse también a la luz de los compromisos que la propia Claudia Sheinbaum asumió ante el país.
Durante su campaña presidencial, dentro de sus compromisos para construir una República cultural y lectora, se comprometió a fortalecer la educación y la creación artística, promover el desarrollo y acceso a la cultura y, de manera particularmente significativa, a generar las condiciones para que los artistas de México pudieran desarrollar su actividad y recibir una remuneración justa por su trabajo.
A casi dos años del inicio de su gobierno, resulta legítimo preguntar: ¿dónde están esas condiciones? ¿Dónde está la remuneración justa prometida?
Las condiciones en que trabajan quienes crean, producen, investigan, preservan y hacen circular la cultura siguen siendo precarias. Los recursos destinados a la creación artística independiente son insuficientes y los apoyos no han recuperado el poder adquisitivo perdido durante años.
Esto no es solamente un problema de los artistas.
El presupuesto destinado a la cultura no es dinero para los artistas: es uno de los instrumentos mediante los cuales el Estado hace efectivo un derecho humano.
Por eso, cuando los recursos destinados a la creación artística, el patrimonio, las bibliotecas, los museos, el teatro, el cine y los proyectos culturales independientes permanecen prácticamente estancados, mientras otras áreas reciben incrementos reales mucho mayores, resulta legítimo cuestionar si el Estado está avanzando realmente en la garantía progresiva de los derechos culturales.
No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando dignidad laboral y el cumplimiento de un derecho.
Un Estado que reconoce el derecho a la cultura debe garantizar también las condiciones materiales para que quienes crean y hacen circular la cultura puedan realizar dignamente su trabajo.
Por eso, el presupuesto de 2027 obliga a preguntar si el compromiso presidencial de garantizar condiciones dignas y una remuneración justa para los artistas está siendo cumplido.
No basta con decir que la cultura es importante. Hay que demostrarlo en el presupuesto.
Porque cuando se posterga la cultura, no solamente se posterga a quienes hacemos arte: se debilitan la memoria, el patrimonio, la educación, el pensamiento crítico, la libertad creativa y la imaginación colectiva.
Lo que está en discusión no es cuánto dinero reciben los artistas. Lo que está en discusión es qué lugar ocupa la cultura en el proyecto de país y qué tan seriamente asume el Estado mexicano sus obligaciones y sus propios compromisos.
Otra generación de artistas condenada a la precariedad no es una consecuencia inevitable: es el resultado de una decisión de política pública.
