Escrito por: Jaime Chabaud Magnus
Durante 20 años (antes de que asumiera AMLO la presidencia) los gobiernos mexicanos obligaron a los agentes culturales, sobre todo colectivos artísticos, a convertirse en Asociaciones Civiles sin ánimo de lucro. Era una manera de formalizar el trabajo de los mismos si querían acceder a recursos públicos para acrecentar sus actividades o darles un techo financiero que les permitiera sobrevivir y realizar su labor. Claro, sólo en el caso de ser beneficiados, generalmente por convocatorias públicas sancionadas por pares o -como en el caso de los “Etiquetados” que provenían de la Cámara de Diputados- a criterio de legisladores.
Aún hoy perviven dentro del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC, antes FONCA) convocatorias donde se exige a las agrupaciones estar constituidos legalmente para poder acceder a los estímulos. Aunque engorroso, era una manera en que el gobierno nos ponía en orden para transparentar la asignación de dineros públicos.
Fue una sorpresa que desde la primera investidura del país se ordenó mediante el memorándum 0001 del 14 de febrero de 2019 “no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil”. Esto con la convicción de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción” en todos los ámbitos. Esto desbarató un ecosistema que ya existía -no sólo en cultura- de organizaciones de la sociedad civil (OSC); mismas que iban desde lo artístico hasta el apoyo a migrantes, víctimas del delito, madres solteras, lucha contra el cáncer y mil y un otros objetivos que cubrían necesidades -muchas de ellas urgentes- de la sociedad mexicana. El memorándum presidencial no sólo pretendía acabar con actos corruptos -que por supuesto había- sino instaurar al Estado en único posible proveedor de tales servicios o acciones para la ciudadanía (tampoco ocurrió). Lo cierto es que con el pretexto de fenómenos existentes de opacidad se decidió pasar la aplanadora sobre todas las OSC y se les criminalizó y declaró prácticamente enemigas de la 4T.
En el caso de Cultura, en más de una ocasión, he oído a la Secretaria Frausto justificar la desaparición o reducción hasta el raquitismo de más de un presupuesto de la institución con el argumento de “es que era una robadera”. ¿Y que no están ahí y se le paga para vigilar que no ocurra? La desaparición de programas de la Secretaría de Cultura Federal y otros presupuestos que “bajaban” (como ejemplo los “Etiquetados” de la Cámara de Diputados) a cultura, se ha instrumentado ante el falso dilema de que su existencia era una robadera.
Para cerrar el polémico caso de los “Etiquetados”: estos estaban a discrecionalidad de los Diputados, primordialmente de los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía que, cercanas las fechas a la promulgación del presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, se convertían en una especie de rock stars y los artistas y agentes culturales tenían que hacer colas, suplicar citas y exponer en un pitching rapidísimo el por qué su proyecto debía ser apoyado para el año siguiente.
Una verdadera rebatinga en donde nos encontrábamos editores, teatreros, músicos, organizadores de festivales y largo etcétera en los pasillos de San Lázaro, para al final esperar, comiéndonos las uñas, la publicación de la lista de proyectos beneficiados. Los “Etiquetados” surgieron como una alternativa a los también muchas veces caprichosos parámetros del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es decir: no pocas veces se apoyaron proyectos muy importantes con los “Etiquetados” que jamás lo hubiesen sido bajo los criterios de los funcionarios del aparato cultural oficial. La desaparición de este mecanismo bajo la excusa de “es que era una robadera” enmascara la ineficacia para dar vigilancia al ejercicio de tales recursos. Por supuesto que había OSCs patito, no pocas armadas por prestanombres de diputados, para hacerse de recursos y las de los “amigos de los amigos”. Un verdadero proyecto cultural de una OSC con trayectoria y prestigio jamás alcanzó en un año más de 16 millones de pesos como el Festival de Cine de Guadalajara o el Dramafest que obtuvo cerca de 8 millones el año que más le dieron. Todos los demás proyectos de OSC reales no obtenían más de 1 o 2 millones y muchas más menos que eso. La Secretaria de Cultura actual lo sabe, las OSC culturales no eran el problema ni el enemigo; lo eran las OSC construidas al vapor y sin ninguna actividad comprobable en el ramo.
Parar la “robadera” era deber de la institución cultural y de los legisladores. Resultaba evidentísimo que donde debían rascar los fiscalizadores era en las asignaciones que tenían rangos de 60, 80, 150 millones de pesos para asociaciones patito, por ejemplo, “Del Juguete Mexicano” que rayaba en lo ridículo. Desaparecer el mecanismo hizo pagar a justos por pecadores. Continuará…
* Este artículo se publicó fraccionado en el periódico Milenio que gentilmente da permiso de reproducirlo.
