Ocho paradojas del Efiteatro (y sus posibles soluciones)

Desde la creación del Estímulo Fiscal al Teatro (Efiteatro) en 2011, se han modificado
los lineamientos de la convocatoria varias veces, así como las condiciones que los creadores teatrales enfrentan para llevar avante sus proyectos cuando intentan acceder a este apoyo. En este artículo Flavio González Mello examina en detalle los requisitos de la actual convocatoria y propone algunas maneras de solucionar sus desaciertos.

1. Estimular o fiscalizar

Desde su apelativo, la figura del estímulo fiscal parecería encerrar una contradicción: estimular implica incentivar una actividad, propiciar su desarrollo y crecimiento; mientras que fiscalizar, por el contrario, se refiere a controlarla, a inspeccionarla y, con frecuencia, a castigarla, es decir, a inhibir su desarrollo. La tensión entre ambos ingredientes ha estado presente en el Estímulo Fiscal al Teatro (Efiteatro) desde su creación hace casi tres lustros, pero en los años recientes ha crecido el desequilibrio en favor de la fiscalización, frenando en buena medida su capacidad como motor e incentivo de la producción escénica. Basta comparar los lineamientos y reglas de operación de la primera convocatoria de Efiteatro (2011) con los de este año para darse cuenta de cuántos requisitos se le han agregado que les dificultan el acceso a los creadores teatrales, como la reciente ocurrencia de que se exija el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) de los contratos con creativos del proyecto presentado. Al inventor de este requisito no se le ocurrió pensar que, ni los productores tendrían el dinero suficiente para registrar todos los contratos (cada registro cuesta alrededor de dos mil pesos), ni el Indautor, la capacidad para dar curso a, literalmente, miles de solicitudes de registro durante el lapso de unas cuantas semanas. El previsible resultado: las autoridades tuvieron que dar marcha atrás, pero tarde y mal, suspendiendo el requisito en la víspera del cierre de la convocatoria, cuando ya muchos postulantes habían gastado importantes cantidades de tiempo y de dinero en tramitar los dichosos registros.

Más allá del folklor anecdótico de estos extremos fiscalizadores, que lo único que hacen es des-estimular las solicitudes, el ejemplo pone de manifiesto un problema más profundo, que viene de años atrás. Cuando el Efiteatro se incluyó en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), en 2010, la comunidad escénica participó, no sólo firmando desplegados a favor de su aprobación, yendo a la Cámara de Diputados a manifestarse y dialogando con representantes de todas las bancadas, sino también colaborando en la redacción de sus reglas, lineamientos y requisitos, en mesas de trabajo conjuntas con el INBA, el Conaculta (aún no se creaba la Secretaría de Cultura) y la Secretaría de Hacienda. Aquélla fue la primera y última vez: desde entonces, las sucesivas reformas a reglas y lineamientos han sido redactadas unilateralmente por las autoridades hacendarias y culturales, sin participación alguna de la comunidad teatral, a la que —a juzgar por el número de candados y requisitos que cada año se agregan— se le ve con una profunda desconfianza, como si se tratara de una banda de defraudadores en busca de robarse el dinero del erario con la excusa de hacer obras de teatro.

Resulta urgente disminuir los requisitos excesivos que, durante estos 14 años, no han hecho sino acumularse. Hoy en día se le exige al responsable del proyecto que recabe firmas de todos los participantes, que registre contratos ante Indautor, que cotice cada gasto propuesto, que exhiba un contrato con el teatro (o, al menos, una carta de intención), que presente diseños detallados de escenografía, vestuario, música, video y demás ámbitos de la escenificación, y un largo etcétera. Tal sobrerregulación afecta principalmente al Estímulo al Teatro, pues otros (como el Estímulo al Cine) han ido en sentido contrario, disminuyendo trámites innecesarios y requisitos absurdos. Y, por supuesto, toda revisión de reglas y requisitos debería hacerse con la participación de representantes de la comunidad teatral, como fue en un principio.

 2. El gestor desregulado

A contrapelo de este progresivo aumento en las prohibiciones y condicionamientos para los proyectos, el Comité Interinstitucional de Efiartes eliminó de la normatividad la cláusula que regulaba la figura del gestor de recursos. Los lineamientos originales contemplaban que éste sólo pudiera llevarse una comisión del 5 % sobre el monto que hubiera conseguido que una empresa le aportara a un proyecto de Efiartes; además, prohibían que estos intermediarios fueran socios del proyecto. Pero en una de las modificaciones hechas sin participación de la comunidad, se decidió prohibir que los gestores cobraran cualquier porcentaje del dinero que consiguieran. La razón que se adujo fue que el dinero de los impuestos (pues el estímulo no es más que la autorización para que una empresa, en vez de pagarle una parte de sus impuestos al SAT, se los dé a una producción teatral) no debe beneficiar a los intermediarios.

Suena moralmente irreprochable; pero la realidad es que entre las empresas que podrían contribuir y la gente que genera proyectos teatrales no suele haber ningún tipo de comunicación, lo cual vuelve imprescindible una intermediación que ponga en contacto a ambas partes. Dada la gran cantidad de reglas que una empresa interesada en apoyar un proyecto debe cumplir (so pena de regresarle el dinero al SAT, con multas y recargos), el gestor se encarga, también, de asesorar y perseguir a los departamentos fiscales de las empresas (que normalmente tienen otras prioridades) para que firmen los proyectos que apoyarán antes de que venzan los plazos de la convocatoria, y de darle seguimiento a la multitud de informes (iniciales, finales, semestrales, de apertura de cuenta, de contador público autorizado, etc.) que el productor está obligado a entregar.

En la fantasía de quienes excluyeron esta figura de los lineamientos, alguien que quiera producir una obra de teatro debe tener ahorrados en su cuenta bancaria los cien mil pesos que, como mínimo, le cobrará el gestor que le consiga dos millones de pesos para su espectáculo; y eso en caso de que sólo le cobre el 5 %, pues hay quienes piden porcentajes mayores, además de participación de la taquilla y crédito como coproductores. Desde luego, hay gestores honestos; pero, al tratarse de una actividad que quedó fuera de la reglamentación, también han proliferado aquellos que imponen condiciones leoninas para acceder a “sus” empresas. En otra fantasía, la Secretaria de Cultura y el Secretario de Hacienda anunciaron a dúo, en plena pandemia, que los gestores nunca más serían necesarios, pues a partir de ese momento los proyectos se preaprobarían atendiendo únicamente a factores artísticos, y el propio Estado se encargaría de ofrecerle los proyectos seleccionados a empresas deseosas de apoyar el arte nacional. Lo cual, por supuesto, nunca ocurrió.

La ficción, en el teatro, debería quedarse en el escenario. Una mejora en el funcionamiento del estímulo tendría que pasar por el reconocimiento de que el gestor es una figura necesaria, y por el restablecimiento de límites precisos a su labor, empezando por los topes porcentuales de su comisión y por la prohibición expresa de que tenga crédito como productor o participación financiera en las obras a las que les ayude a conseguir recursos.

3. Un estímulo atomizado

El Efiteatro fue absorbido, en 2017, por el Estímulo Fiscal a las Artes, que abarca también música, danza, artes plásticas y, más recientemente, edición de libros. Tal ampliación de sus alcances estuvo acompañada por un incremento más o menos proporcional del monto global del estímulo, que pasó de 50 a 200 millones de pesos; aunque hay que decir que, para entonces, los 50 millones que el Efiteatro tenía como límite ya se habían revelado insuficientes ante la cantidad de proyectos presentados.

Hoy, la gente de teatro compite con sus colegas bailarines, museógrafos, músicos y editores por obtener recursos de las mismas empresas; y lo hace en condiciones hasta cierto punto desiguales, pues cada disciplina atiende a criterios de evaluación y jurados distintos.

Si se quiere fortalecer el actual sistema de estímulos fiscales a las artes, sería deseable crear un estímulo distinto para cada disciplina (cada uno en un artículo diferente de la LISR), de modo que tenga sus propios montos máximos, sus propias reglas y lineamientos, pero, sobre todo, que permita que las empresas puedan aportarle el monto máximo permitido a cada disciplina por separado (como ocurre cuando un contribuyente aporta tanto en Eficine como en Efiartes).

4. La erosión inflacionaria

Salvo la ampliación del tope global que se introdujo cuando se agregaron más disciplinas, los montos del estímulo no han aumentado desde su creación, ni siquiera para actualizarlos con la inflación que año tras año los ha ido carcomiendo. Según la Calculadora de inflación del INEGI, desde la creación de Efiteatro, en noviembre de 2010, hasta agosto de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ha incrementado en un 82.42 %; en otras palabras, el estímulo ha perdido casi la mitad de su poder adquisitivo. Lo anterior se refleja de manera muy evidente en la duración de las temporadas. Originalmente, los recursos del estímulo alcanzaban para producir una obra con un reparto mediano, darle una considerable difusión y sostener una temporada de 40 o 50 funciones. Hoy en día, las temporadas financiadas con Efiteatro a duras penas llegan a las 20 representaciones.

La medida más urgente para evitar que el estímulo fiscal al teatro pierda por completo su eficacia es recuparar el poder adquisitivo que tenía cuando fue creado. Esto implica dos pasos sucesivos. Primero es necesario actualizar, según los índices de inflación, los montos máximos estipulados en el artículo 190 de la LISR; siguiendo el porcentaje arrojado por la calculadora del INEGI, en septiembre de 2024 el monto máximo por proyecto apoyado (y por empresa aportante) debería ser de 3 millones 648 mil 400 pesos, en vez de los 2 millones de pesos fijados en 2010; mientras que el monto máximo del estímulo en su conjunto debería ascender a 364 millones 840 mil pesos. Una vez actualizados en pesos, sería indispensable convertir los montos a Unidades de Medida y Actualización (UMA), de modo que su poder adquisitivo se vaya poniendo al día de manera automática y no sea necesario volver a actualizarlos a cada rato.

5. El Estado se disfraza de ERPI

La implementación del estímulo fiscal ha traído como uno de sus resultados más paradójicos y contraproducentes el hecho de que las instituciones del Estado mexicano prácticamente hayan renunciado a gestionar presupuestos para la producción teatral. A partir de 2011, la mayoría de las instituciones del sector han encontrado más cómodo renunciar a su papel como motores de la producción, convirtiéndose en meras programadoras de los proyectos producidos con el estímulo. En muchas oficinas, la respuesta que se le da a quien acude en busca de financiamiento para su proyecto es la misma: “Consíguete un Efi, y nosotros haremos lo posible por programarte en nuestros teatros”.

El problema radica en que, como el estímulo fiscal es un mecanismo que depende de la voluntad de las empresas aportantes (que son las que determinan qué tipo de teatro quieren apoyar), una buena parte de la programación institucional está siendo decidida por ellas, sin los criterios artísticos y de pluralidad que deberían caracterizar a una política cultural de Estado. Gestionar los recursos presupuestales suficientes para financiar tal política cultural debería ser la responsabilidad de los funcionarios en turno. En lugar de eso, a últimas fechas algunas instituciones públicas han comenzado a presentar ante Efiartes —mediante interpósitas personas, físicas o morales— proyectos generados en sus oficinas. Esto, además de una simulación, implica una competencia con ventaja respecto a la verdadera comunidad artística, que no cuenta con los mismos recursos, humanos ni financieros, para realizar las exhaustivas carpetas que serán evaluadas.

El estímulo fiscal no fue creado para parchar el presupuesto de una oficina de gobierno ni para suplir su programación artística, sino para estimular una producción más numerosa, más variada y con mejores condiciones laborales que la del Estado. En este aspecto sí sería deseable que se implementaran candados en la reglamentación de Efiteatro, con el fin de impedir que estos recursos sean utilizados para sustituir partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación.

6. El limbo de los proyectos de mediano formato

En un hecho asociado con el creciente abuso del estímulo por parte de las instituciones del Estado, a inicios de esta década se creó una categoría para proyectos de gran formato. Esta nueva modalidad, presumiblemente implementada por iniciativa de las instituciones encargadas de producir óperas y magnas exposiciones, está destinada a proyectos que requieran entre 6 y 10 millones de pesos para presentar —en el caso del teatro— un mínimo de 10 funciones (en el de la ópera, el requisito baja a 3 funciones). Una simple división basta para calcular que el estímulo está financiando proyectos cuyo costo por función puede llegar al millón de pesos (o a 3.3 millones por función, si se trata de una ópera); pero únicamente si se inscriben en esta categoría, pues en la convencional, por supuesto, nunca se ha autorizado un estímulo de 2 millones de pesos para una obra que sólo contemple dar dos funciones.

Más allá de la enorme disparidad existente entre las condiciones de ambas categorías, llama la atención que se haya dejado en el limbo a aquellos proyectos que requieren montos superiores a los 2 millones de pesos, pero menores de 6 millones: un rango presupuestal que permitiría financiar muchos proyectos con temporadas más extensas que las actuales. Enmendar esta laguna normativa implicaría crear una categoría para proyectos de mediano formato, donde la lógica no forzosamente sea la de aumentar costos y reducir funciones, sino la de incrementar las oportunidades de entrar en contacto con el público, que debería ser el beneficiario final del estímulo.

7. Éramos muchos y parió la abuela

Cuando se implementó el Efiteatro, las autoridades culturales no quisieron escuchar las voces que, desde la comunidad teatral, alertaban acerca de un problema que el estímulo traería aparejado: la falta de suficientes espacios escénicos para albergar todas esas nuevas producciones. En 2010, la infraestructura teatral de la ciudad de México —en su mayoría, construida cuatro o cinco décadas atrás— ya estaba siendo utilizada a su máxima capacidad; ¿dónde cabrían, entonces, los nuevos espectáculos? Catorce años más tarde, la producción se ha multiplicado varias veces, pero los foros (restando los que se han perdido y sumando los poquísimos que se han construido) siguen siendo básicamente los mismos. Sin espacios de exhibición, la producción teatral se ahoga en listas de espera de años, rentas cada vez más onerosas (la ley de la oferta y la demanda se impone en los teatros privados) y un sistema de “banda sin fin” en el que ningún proyecto tiene oportunidad de prolongar su temporada, en caso de que la respuesta del público así lo permita. Da lo mismo si llega o no la gente, si hay o no disposición del grupo para continuar presentándose más allá de las pocas funciones financiadas con el estímulo: atrás vienen ocho o diez obras, todas ellas financiadas con “Efis”, todas ellas con el mismo número reducido de funciones, y todas ellas esperando su turno de usar esas mismas tablas. Junto con la pérdida de poder adquisitivo del estímulo, la escasez de espacios es la principal causa de que nuestras temporadas se hayan vuelto bonsái.

8. La posibilidad de proyectos híbridos y multianuales

Por último, si se quiere adecuar el estímulo a la realidad actual, sería necesario diversificar la tipología de los proyectos susceptibles de recibir financiamiento. Una modificación positiva a la reglamentación del Efiteatro fue la inclusión, en la más reciente convocatoria, de los espacios de exhibición escénica como sujetos del estímulo. En el mismo sentido, sería fundamental ampliar su alcance a proyectos híbridos y multianuales. El Efiteatro parte de un modelo de la segunda mitad del siglo xx, que contempla que los productores vayan levantando, de una en una, sus temporadas, armando equipos y consiguiendo teatros distintos en cada ocasión. Si se abriera la convocatoria también a proyectos de mediano plazo, que contemplaran la producción de varias obras, el estímulo contribuiría al desarrollo y consolidación de compañías y agrupaciones escénicas, así como a la creación de públicos y repertorios.

Mientras Efiartes siga aglutinando distintas disciplinas, su convocatoria también debería ser suficientemente flexible para contemplar la evaluación de proyectos híbridos, que conjuguen dos o más vertientes; por ejemplo, la producción de una obra junto con la publicación del texto representado, o bien la realización de performances en el marco de una exposición. Hoy en día, proyectos como éstos tienen que aplicar por separado a las convocatorias de Efiteatro y Efilibros (o de Efiteatro y Efiartes Visuales), con la absurda duplicación del trabajo que esto implica para los creadores, para el productor y también para las instituciones evaluadoras.

Flavio González Mello. Dramaturgo, guionista, catedrático y director de teatro, cine y televisión.